- Artículo de opinión de Mercedes Ventura, Diputada autonómica de Ciudadanos por Castellón. Publicado en Castellón Información 29/09/2016
La semana pasada se constituyó la comisión de investigación de Ciegsa para intentar dar respuesta a los más de 1.000 millones de euros de sobrecostes y conocer cómo se han gestionado los recursos económicos y licitaciones. Por ello, espero que esta comisión arroje luz sobre qué es lo que ha pasado con los recursos que iban destinados a mejorar la educación de los jóvenes y se pidan responsabilidades.
Porque es vergonzoso el mercadeo que ha habido con los barracones que han poblado y siguen poblando los colegios de la Comunitat Valenciana, así como el expolio de recursos públicos que ha impedido tener unas infraestructuras educativas dignas. Es intolerable que muchos jóvenes terminen su etapa educativa sin conocer qué es un colegio de ladrillo y/o hormigón porque unos pocos se hayan lucrado de los recursos públicos que iban destinados a todos los valencianos y valencianas y hayan querido jugar al póquer con la educación. Pero lamentablemente, el ‘Caso Taula’ no solo ha salpicado a la enseñanza, sino a más sectores que son vitales para el bienestar público. Esto ha llevado a que la Comunitat Valenciana se lleve el premio a la comunidad ‘supuestamente corrupta’, y sinceramente, me hiere como valenciana este calificativo.
Reflexionando sobre el calificativo ‘corrupción’, me preguntaba ¿qué le lleva a un político a querer delinquir? Me lo preguntaba porque entiendo que un representante público debe tener vocación de servicio y pensar en el bienestar del ciudadano y no anteponer el beneficio personal al interés social. Sin embargo, la respuesta es sencilla, una persona se corrompe cuando el negocio prima sobre la ética. Se trata de un pensamiento egoísta, que viene acompañado de un entorno propicio que ofrece la oportunidad de llevar a cabo esta ilegalidad. Por esta razón, creo que desde la parte legislativa se deberían diseñar mecanismos para evitar la oportunidad de corromperse, crear leyes anticorrupción y educar en valores empresariales para impedir que se pueda dar tal situación.
En este sentido, la parte legislativa tiene la función de investigar y proponer instrumentos para prevenir y detectar ilegalidades, y es la parte judicial la que tiene la función de emitir sentencias y velar por el cumplimiento de la ley. Así, que compañeros y compañeras no confundamos los términos.
