Artículo de opinión de la portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Castellón, Cristina Gabarda. Publicado en el Periódico Mediterráneo, 22/02/2017.

 

 

Todos estaremos de acuerdo en que la educación es la base del futuro. Y todos también consideramos que la educación pública, debe ser de calidad, universal, gratuita y que fomente la igualdad de oportunidades.

 

Prueba de ello es que cuando le preguntas a cualquier padre sobre qué educación desea para sus hijos, siempre te responderá que “la mejor”. Pero ¿qué significa tener la mejor educación? Pues en primer lugar, no utilizar la enseñanza como arma arrojadiza entre partidos ni contaminarla de ninguna ideología.

 

Sin embargo, esto no ha sido así. A lo largo de la historia podemos contabilizar hasta siete leyes educativas en función de si gobernaba el partido de turno de la vieja política. En la actualidad, en la Comunitat Valenciana estamos sufriendo la misma guerra política. Y es que el conseller Marzà, desde su ceguera ideológica, trata de atentar no solo contra la libertad de elección de los padres, sino que ahora también tiene la firme intención de empezar un adoctrinamiento camuflado en las aulas.

 

Con el decreto de plurilingüismo se crearán valencianos de primera y valencianos de segunda ya que o comulgas con la inmersión lingüística para tus hijos, o tendrás que pagarte una academia para poder obtener los certificados de inglés correspondientes. Muy propio del Gobierno de las personas y que abandera la (des)igualdad de oportunidades.

 

Esta medida atenta contra la igualdad y la equidad de la CE y del Estatuto de Autonomía. Lo que le recomendaría al señor Marzà es que se preocupase más por borrar del mapa los barracones como prometió en campaña y menos por imponer su ideario de forma sectaria a la comunidad educativa.

 

Sabemos de lo contraproducente que son las imposiciones y que,  además, a larga plazo solo suelen llevar repulsa. En Cs tenemos claro que no vamos a jugar con la educación de nuestros hijos ni politizar las lenguas. Por ello, rechazamos este Decreto y pedimos a la Conselleria que sean los padres de cada centro quienes mediante votación puedan elegir el nivel lingüístico que desean para los menores. No dejemos que los sueños de Marzà se conviertan en pesadillas para los castellonenses.

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