Ventura: “Marzà sigue usando la lengua como arma política y su oficina vulnera la libertad de elección de los ciudadanos”

• Alberto García reclama más inversión y prevención y menos burocracia para mejorar la calidad de la estancia de menores en centros de acogida

Valencia, miércoles 24 de mayo de 2017. La portavoz de Educación de Ciudadanos (Cs) en Les Corts valencianas, Merche Ventura, ha afirmado que “Marzà sigue usando la lengua como arma política y su Oficina de Derechos Lingüísticos vulnera la libertad individual de elección de los ciudadanos”. “Las quejas recogidas en la Sindicatura de Greuges sobre el derecho lingüístico no llegan al 0,58 por ciento del total y basar la creación del ente en la necesidad de resolución de estas cuestiones, cuando ya existe la dirección General de Políticas Lingüísticas y Gestión Multilingüe para hacerlo, resulta del todo insuficiente”, ha recalcado la diputada. En este sentido, Ventura ha criticado que “esta oficina se inmiscuye en el ámbito privado, provoca una alarma irreal y genera una nueva duplicidad en la Administración innecesaria” y ha abogado por “no generar un enfrentamiento entre las dos lenguas cooficiales, que conviven de forma natural en la Comunitat Valenciana”.

Ventura ha preguntado al conseller “qué es lo que entiende exactamente por vulneración del uso del valenciano y qué recursos prevé usar para evitar estas infracciones”, al tiempo que ha criticado que “desconozca qué partida presupuestaria se prevé destinar para la oficina y la contratación de personal”. Además, ha añadido que “una cosa es que los ciudadanos tengan el derecho a conocer, usar y estudiar en la lengua propia y otra, su imposición en la educación, la Administración y hasta en el ámbito privado” y ha abogado por “respetar la Constitución y promocionar el valenciano de una forma más constructiva”.

Por otro lado, tras la comparecencia de la consellera de Igualdad para explicar las políticas sobre el modelo residencial de la infancia, el diputado Alberto García ha criticado “el insuficiente desarrollo de las políticas preventivas” y ha pedido “más implicación, cooperación entre las Administraciones e información y menos burocracia”. En este sentido, ha considerado “fundamental implementar medidas para identificar antes las situaciones de riesgo y priorizar la estancia de los menores en familias de acogida”. Además, García ha criticado que “las ayudas son insuficientes” y respecto a los centros de menores, ha considerado “necesario invertir más recursos y llevar a cabo más inspecciones que garanticen la calidad de la estancia”.