Artículo publicado en Crónica de la agrupación de la Vall D’Uixó en el mes de Marzo

Llevamos 21 meses de Gobierno progresista, y seguimos sin disponer de un local donde poder realizar nuestra acción política con los diferentes agentes sociales de nuestra localidad, o simplemente para que aquellos vecinos que quieran hacernos llegar sus inquietudes puedan reunirse con nuestro portavoz, Manuel Hernández. Parece que esta gestión es muy difícil, o quizás sea que los partidos que no están en el Equipo de Gobierno son el enemigo, y por aquello que se dice “Al enemigo ni agua…”.

En el pasado pleno de febrero, desde Ciudadanos La Vall d’Uixó se han presentado dos mociones dirigidas a hacer cumplir aquello más elemental de nuestra legislación que es nuestra Constitución. Por un lado, solicitamos que dejen de adoctrinar a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, que dejen de dividirnos creando valencianos de primera y valencianos de segunda, ya que según el modelo lingüístico aprobado por el Consell, aquellos estudiantes que elijan la línea en valenciano tendrán un beneficio al conseguir titulación oficial en inglés, y aquellos que escojan la línea en castellano, tendrán que pagarse su titulación oficial en inglés. Claramente, existe una discriminación lingüística que contradice nuestro texto constitucional, pero parece que para la izquierda valenciana es más importante adoctrinar que cumplir la ley.

Desde Ciudadanos siempre hemos defendido que la administración debe estar para garantizar el bienestar de los ciudadanos, para facilitarles la vida y no para complicársela. Pues bien, empezamos el mes cobrando un sueldo sobre el cual pagamos un alto porcentaje del mismo a la seguridad social e impuestos, seguimos pagando un 21 por ciento en la mayor parte de los productos que consumimos diariamente, incluso más impuestos directos e indirectos en productos básicos como el combustible o la electricidad. Los valientes que se aventuran a comprar una vivienda, tienen que pagar impuestos para realizar la transmisión, desde ese momento hay que pagar anualmente el impuesto de bienes inmuebles, que casualmente aquí en La Vall tenemos el dudoso honor de tener uno de los más elevados. Desde todos los niveles de la administración, parece que el afán recaudatorio es imparable, y es que cada uno de estos impuestos corresponde a una administración, y todas quieren su parte del pastel y exprimen hasta el límite a los ciudadanos para que paguen unos tributos que a veces son totalmente injustos.

Este es el caso del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más comúnmente llamado plusvalía, que ha sido recientemente declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Este impuesto lo aplica el ayuntamiento cuando se transfiere un inmueble, y resulta que el citado impuesto presupone que cualquier propietario obtiene por el mero hecho de que pase el tiempo un beneficio sobre su bien inmueble que ha transferido. Este impuesto no tiene en cuenta las crisis, las variaciones del mercado o simplemente la realidad, y extorsiona a ciudadanos que han tenido que malvender sus viviendas o incluso a ciudadanos que han perdido su vivienda por no poder pagar su hipoteca, casos en los que no se ha obtenido ningún beneficio, y sin embargo, el ayuntamiento sigue reclamando su parte del pastel.

Es por ello que hemos presentado una moción para que el Ayuntamiento disponga las medidas necesarias para que estas situaciones injustas e inconstitucionales no se sigan produciendo en nuestro municipio, y que de igual manera se restablezca a los perjudicados el agravio causado al tener que tributar por un beneficio inexistente. Así pues, el equipo de Gobierno de nuestro Consistorio parece preferir seguir con su afán recaudatorio antes que ayudar a los perjudicados por esta injusticia y prevenir males mayores “congelando” preventivamente las liquidaciones pendientes.