· El portavoz en el Ayuntamiento, Domingo Vicent, asegura que “la mejor inversión en Patrimonio son los pisos sociales”

Vila-real, martes 16 de octubre de 2018. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Vila-real, Domingo Vicent, ha criticado, tras la comisión extraordinaria de desahucios para acogerse al plan de Viviendas Sociales promovido por el Consell, que “desde el bipartito se haya renunciado definitivamente a los 250.000 euros que, según el alcalde, debía aportar Conselleria para completar la inversión prometida de medio millón de euros para la adquisición de viviendas sociales este 2018”. “Esto no hace más que confirmar el engaño del bipartito cuando anunció que se destinarían 500.000 euros a los presupuestos de este año y que finalmente, sobre el papel, se quedarían en la mitad“, ha señalado el edil, quien ha apostillado que “achacar esta renuncia a unos presuntos informes desfavorables de la Intervención de la Generalitat no es más que una excusa y una falta total de comunicación y conocimiento de la Administración ya que antes de anunciar que se va a obtener una ayuda lo normal es informarse sobre su viabilidad”. 

Así pues, el concejal ha subrayado que “desde Cs esperamos que al menos cumplan con los 250.000 euros presupuestados, aunque visto lo visto probablemente se quede en nada como la mayoría de proyectos anunciados” y ha recordado “la falta de productividad de la comisión de desahucios que se ha utilizado mayormente como una forma de postureo puro y duro durante toda la legislatura”. “Al final es una cuestión de prioridades y es que tanto insistir por parte del equipo de Gobierno en invertir en Patrimonio, para Cs la mejor forma de hacerlo es precisamente invirtiendo en este tipo de viviendas y no en otros edificios que compran para abandonarlos después como el Gran Casino o el Molí La Vila u otros cuya única utilidad si se adquiriesen sería para hacer bonito, como el caso del Hostal del Rei”, ha asegurado el portavoz.

Por último, Vicent ha valorado el concurso público del Consell como “un intento a la desesperada de salvar los muebles por parte de la Conselleria a siete meses de acabar y del que probablemente acabe aprovechándose, al menos en este primer experimento, los bancos y no los particulares”.